AUTOGOBIERNO Y FEDERALISMO
El principio de Autogobierno y Federalismo de Alantre establece:
“En ALANTRE trabajamos para que el reconocimiento del País Leonés como sujeto político sea una realidad. En igualdad de condiciones con otros territorios, deseamos que la anhelada autonomía política sea un hecho para poder así gestionar los servicios y recursos propios asignados en el ámbito de las competencias autonómicas y proporcionar un medio de autogestión.
Para alcanzar nuestra meta utilizaremos todos los resortes a nuestro alcance para que toda la ciudadanía leonesa vea en sus instituciones una capacidad transformadora que permita cambiar la dinámica social y económica de nuestro país, sin olvidar las relaciones de vecindad con el resto de pueblos ibéricos, tejiendo lazos económicos, laborales y afectivos con otros territorios desde una perspectiva internacionalista y solidaria.
Al mismo tiempo, debemos afrontar los retos de la crisis de la globalización, defender los derechos sociales y laborales, así como lograr presencia y capacidad de presión en el conjunto del Estado y ante la Unión Europea a la hora de caminar hacia un modelo federal que profundice en la democracia real.“
1. INTRODUCCIÓN
Una mayoría de la sociedad leonesa, desde la apertura del diseño territorial del Estado español, ha expresado de forma reiterada y mayoritaria su disconformidad con el actual modelo territorial impuesto. Para el proyecto político Alantre el reconocimiento del País Leonés como sujeto político es un eje básico para nuestro desarrollo y futuro. La anomalía democrática que se estableció en el sistema autonómico, nos ha llevado a los leoneses a unas condiciones desiguales con respecto a otros territorios del Estado.
El problema territorial en el Estado español es estructural, ya que su historia plural, de base federalizante y pluricultural, fue cerrada por una estructura autonómica que a nosotros nos han negado nuestras propias estructuras de autogestión. Así, creemos que el sistema Federal es el camino más adecuado para integrar esas realidades y anhelos, siempre desde la libre voluntad de las partes y ritmos que cada pueblo considere conveniente.
Desde Alantre entendemos que el autogobierno no debe ser un fin en sí mismo. Este empoderamiento colectivo debe ser el medio para que la ciudadanía vea en sus instituciones una capacidad transformadora que permita cambiar la dinámica social y económica de nuestro país. Las relaciones con el resto de sujetos políticos del Estado, consideramos que tienen que basarse en tejer lazos económicos, sociales y afectivos, desde una perspectiva internacionalista, multicultural, y solidaria, para afrontar los retos de la crisis de globalización, emergencia climática, así como la defensa de los derechos sociales y laborales es una prioridad para nuestro proyecto político.
El objetivo ideal es lograr presencia y capacidad de presión en el conjunto del Estado y ante la Unión Europea a la hora de caminar hacia una Europa de los pueblos, hacia una Europa más cercana, justa y sobre todo solidaria.
Mientras no se alcance el marco teórico federal reclamado, ALANTRE apostará, defenderá y apoyará la consecución de las mayores cuotas de autogobierno para el pueblo leonés dentro del actual marco jurídico-político del Estado Español.
2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA LEONESA
2.1. ANTECEDENTES DEL SUJETO POLÍTICO
Sin necesidad de acudir a elementos historicistas de la prehistoria, la Edad Antigua, la Edad media o la Edad Moderna, ya conocidos y defendidos por el regionalismo clásico, caben destacar en el reconocimiento jurídico del País Leonés otros valores y circunstancias que dentro del marco del Estado contemporáneo justifican dicha existencia, no como un producto histórico y artificial, sino como una realidad política, cultural, y social perpetuada secularmente en el tiempo, independientemente de los poderes fácticos del momento.1
Es decir, Alantre reconoce que siempre ha habido una conciencia de sujeto político leonés, aunque esta no se haya reconocido jurídicamente de cara al exterior, y así mismo, una voluntad por parte de sus ciudadanos de ejercer dichos derechos políticos, incluso anteriores a la creación de la CE 78.
Esos antecedentes jurídico-políticos previos a 1978, entre otros, son los siguientes:
● El 1 de junio de 1808 se crea la Junta Superior del Reino de León en la Junta Central pese al intento de integración en la Junta Superior de Castilla la Vieja. La junta leonesa acordó, por unanimidad, rechazar la orden.
● Constitución española del 1812. TÍTULO II: Del territorio de las Españas, su religión y su Gobierno y de los ciudadanos españoles. CAPÍTULO I: Del territorio de las Españas. La reivindicación no debe basarse solo en la historia, sino en la voluntad colectiva de la sociedad leonesa de ser un sujeto político con plenos derechos.
● Real Decreto de 30 de noviembre de 1833. Javier de Burgos, Secretario de Estado de Fomento en 1833, estableció la división territorial por provincias y regiones basándose en la antigua división de España en reinos.
● Propuesta a las Cortes de la I República (1873), enmienda Constitución. Varios diputados defendieron la creación de un estado para el pueblo leonés, enmendando el articulado de la non nata Constitución de 1873.
● La Comisión Provincial de León. Resolución de 4 de agosto de 1873. Inclusión de León como estado a petición de los representantes municipales y diputados provinciales.
● Ley Orgánica de 14 de junio de 1933. Establecía las regiones españolas con representación en el Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República, incluía al País Leonés como entidad territorial autónoma.
● Tratado Internacional entre España y Suiza, de 9 de abril de 1975, de materia comercial, donde se relacionaron las regiones españolas, estando integrado el pueblo leonés en ella.
A partir de la CE 1978:
● El Estado de las autonomías. La Constitución Española reconoce en su Art. 2 el derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades españolas, es decir, a su reconocimiento jurídico-político en la configuración política actual. Y en el Art. 143 el ejercicio de ese derecho a las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.
Otros acontecimientos sociales destacados incluyen los acuerdos respaldados por el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación de León, así como las célebres y memorables manifestaciones que clamaban por la autonomía leonesa. Ejemplos notables de estas demostraciones populares, debido a su abrumadora participación ciudadana, son las ocurridas el 13 de marzo de 1978, el 4 de mayo de 1984, y la más reciente del 20 de febrero de 2020. Además, numerosos ayuntamientos, representativos de más de la mitad de la población de la provincia del norte, han aprobado mociones en apoyo a esta causa. Vale la pena destacar los resultados de diversas encuestas realizadas en los últimos años sobre la postura de los leoneses respecto a su organización territorial, que reflejan un firme respaldo hacia la consecución de la autonomía.
Es importante señalar también que en las primeras elecciones democráticas, la necesidad de una consulta popular estaba presente en todos los programas electorales de los partidos de ámbito estatal, con la excepción del Partido Comunista de España. Este partido, debido a su posición, generó un proceso de fragmentación interna dentro del ámbito definido por la Provincia de León, dando lugar a la creación del Grupo Autonomico Leonés (GAL). Esta agrupación, ilegal hasta 1983, es digna de ser recordada por la izquierda leonesa por sus expresiones significativas como “antes que constitución, referéndum para León” o “el pueblo de León exige su autodeterminación”.
2.2. CRÍTICA AL MODELO VIGENTE
El sistema vigente negó y niega el derecho al voto a los miembros de la sociedad leonesa en una cuestión vital para el bienestar de sus miembros, como es la soberanía política y todo lo que implica en la gestión de la vida comunal. La instauración poco democrática de la actual comunidad autónoma obviando un referéndum popular tras la contestación social a su instauración, lo que indica precisamente, es el tipo de falta de respeto hacia los procedimientos de decisión democrática que el propio sistema se había impuesto a sí mismo.
La Comunidad de Castilla y León no posee niveles estables de identificación social con su propio territorio. Esto se debe a que tanto en León, como en Castilla sus sociedades se entienden a sí mismas como un solo grupo que posee una historia propia, no como entidad autonómica con relato propio, es decir, como comunidad emocional en torno a determinados acontecimientos históricos y políticos autonómicos, sino como entidad española. Tampoco existe una red de relaciones sociales, y normas de cooperación y coordinación y, por el contrario, su existencia solo se explica sobre la base de la eficacia de las relaciones verticales de poder antidemocrático, que fueron auspiciadas por el Estado durante la Transición, minorizando y diluyendo a las comunidades leonesa y castellana como sujetos políticos. Por el contrario, su existencia solo se explica sobre la base de la eficacia de las relaciones verticales de poder, caracterizadas en el modelo Estado-nación y que las favorece, puesto que desarma y diluye comunidades que en sí, comparten normas cooperativas y redes significativas sobresalientes como la nuestra. El pueblo leonés ha sido deshecho, minorizado y parcializado con mayor o menor eficacia, según estemos en Puebla de Sanabria, Riaño, Ponferrada o Ciudad Rodrigo.
El diseño territorial del Estado fue concebido en el seno de una cultura vertical y colonial que solo ha podido producir resultados típicamente coloniales. Estos se han venido manifestando y agravando durante las últimas cuatro décadas: la forma de garantizar la permanencia de la sociedad leonesa en el régimen de distribución internacional del trabajo y la disponibilidad de sus recursos naturales para la continuación de los procesos de acumulación capitalista. Garantizar, en definitiva, la eficacia del eje de opresión centro periferia. Esta distribución de lugares, funciones y tiempos nos ha deparado envejecimiento y pérdida de población activa, desigualdad social, inviabilidad macroeconómica, modelos de desarrollo concebidos por y para los centros metropolitanos, menoscabando la cultura y modelos de gestión tradicional conformados por la voluntad de sus habitantes, y sobre todo una pérdida de autoestima claramente constatable dentro del grupo leonés.
En la actualidad, el problema del encaje territorial de los pueblos que componen el Estado español es una realidad. Las continuas tensiones territoriales y negativas del centralismo a la construcción de un Estado plural de los diferentes sujetos políticos, que en su devenir histórico asumen una objetividad propia, diferente al nacionalismo centrípeto, es constante. Detrás de nuestras democracias occidentales basadas en el concepto Estado-nación no hay, la mayoría de las veces, un solo “demos” sino una pluralidad de “demos” (de pueblos, de culturas, de lenguas, de formas de vida). En nuestra visión política, el Estado español es un ente de clara textura federal. Su historia y composición social hacen del caso español un tipo ideal para un ordenamiento político y jurídico que auspicie la superación del modelo autonómico.
Desde el punto de vista jurídico, la norma constitucional expresa un reconocimiento pasivo de una realidad preexistente, condicionada por el momento histórico en que se elaboró, votó y promulgó. Expresado de otra manera, las consecuencias políticas para los leoneses aún se viven o padecen a día de hoy. Todo ello supone una incapacidad de interactuar con los diferentes sujetos políticos activos en la realidad político territorial del Estado con las consecuencias descritas anteriormente.
En el sistema de partidos políticos actual, promover una izquierda leonesa y defender la autogestión apegada al territorio en una España plural construida desde los territorios se ve obstaculizado por los artífices del sistema autonómico. Los partidos políticos tradicionales progresistas promueven una hegemonía de una izquierda centralista emanada desde Madrid, limitando así la diversidad democrática y la representación de los diferentes sujetos políticos de España. Esta estrategia privilegia exclusivamente opciones partidistas centralistas de izquierda, como el PSOE, el antiguo PCE, IU y actualmente PODEMOS/SUMAR, dejando en segundo plano las voces políticas locales y territoriales, y dificultando la innovación política y la capacidad de respuesta a las necesidades específicas de cada sujeto político. Además, esta visión social relega a las fuerzas territoriales a un carácter regionalista, subordinado al concepto centralizador de España, lo que limita aún más limita la autonomía y la diversidad de las “nacionalidades y regiones”.
3. PROPUESTA FEDERAL DEL ESTADO
3.1. PUNTO DE PARTIDA DE LA PROPUESTA FEDERAL
Primeramente, hay que hacer una crítica a la dicotomía entre el supuesto “patriotismo cívico” (o republicano o constitucional) que enarbola la izquierda centralista y el "nacionalismo étnico" que blande la extrema derecha, para constatar que como plano de fondo inevitable de toda construcción de la ciudadanía reside un nacionalismo de Estado. Los elementos cívicos (los derechos, las instituciones democráticas, el propio Estado del bienestar) se superponen sobre factores determinantes en la delimitación de cuál es el pueblo del Estado, es decir, que demos mayoritario (su lengua, cultura, intereses económicos) se privilegia sobre otros, de mano de una contraposición de nosotros/ellos, propio y ajeno, y donde los sujetos políticos que no establezcan mecanismos de defensa y empoderamiento colectivo serán subsumidos por la acción nacionalista española banal que se autolegitima.
En este sentido, los procesos de afirmación y empoderamiento colectivo de cada pueblo es quien pone en cuestión ese sistema de dominación. La entelequia de una España que respete su pluralidad que la izquierda estatal añora, nunca existió, nunca, las oligarquías españolas han controlado sobre la legitimación colectiva que los procesos de construcción nacional y creación de esos marcos nacionales ha implantado en la sociedad, para poder seguir con una correlación y proyecto estatal basado en ejes de periferia-centro, dónde todo seguirá su curso si no hacemos una deconstrucción y primamos nuestro sujeto político y confrontamos con ese aparataje del Estado, y su nacionalismo, el español.
Una vez que hemos establecido una breve introducción y contextualización de la situación actual tras el proceso autonómico, desde Alantre entendemos la reivindicación del pueblo leonés como prepolítica, en el sentido de que busca articular un marco democrático dentro de un proceso constituyente como punto de encuentro para las distintas sensibilidades que coexisten en el País Leonés. Esta necesidad viene tras una transición democrática y, más concretamente durante un proceso autonómico, donde estas condiciones democráticas fueron eliminadas de la ecuación política por los partidos políticos que lideraron estos procesos y configuraron la distribución territorial del poder político en el Estado español con arreglo a la cultura vertical del franquismo. Esa cultura vertical, claramente integrada en los patrones coloniales del poder político, precipitó en la comunidad autónoma de Castilla y León.
La reivindicación de la capacidad de decidir de nuestra sociedad no es nueva, sino que existe una larga tradición presente en la agenda política, tanto durante el proceso autonómico como con posterioridad. Por referirnos al proceso autonómico hay insistentes demandas de expresión democrática por parte de la sociedad leonesa y de sus instituciones representativas: es el caso del voto particular de los parlamentarios leoneses que fueron llamados a las sucesivas asambleas preparatorias de la actual configuración territorial, así como la destacada intervención del socialista Baldomero Lozano que llegó a no asistir a una de estas asambleas al objeto de forzar, según la letra de sus normas estatutarias, una consulta popular para la sociedad leonesa.
El reconocimiento pasivo de una realidad preexistente y cristalizada de una vez para siempre, con una Constitución española muy condicionada por el momento histórico cuando se votó y promulgó que ha determinado unas consecuencias políticamente decisivas en la forma que los leoneses como ciudadanos de este Estado entienden y enmarcan los problemas territoriales-institucionales actuales. Por ello, hay que plantear esas consecuencias como productos políticos que la acción del Estado ha profundizado y establecido para auto legitimarse como único demos político.
- Federalismo frente a sano regionalismo:
El objetivo de Alantre es la consecución de un Federalismo plural mediante la constitución de espacios y dinámicas que faciliten a la sociedad leonesa la reflexión, desde el derecho a decidir, sobre su integración y participación en la estructura político territorial del Estado en condiciones de igualdad con el resto de territorios.
Consideramos que nuestra propuesta supera la caduca visión del regionalismo que considera al sujeto político leonés como un actor secundario al cual se debe conceder por parte de un demos superior (Estado), la posibilidad de un autogobierno, eximiendo al propio sujeto de tener que exigir desde su propia expresión como sujeto político principal.
Los principios y valores rectores de la acción política de los que partimos para este posible encaje como País dentro de esa España Federal y Republicana a la que aspiramos, tienen que partir de un hecho indiscutible desde el punto de vista del principio democrático: la libre decisión de los diferentes sujetos políticos de formar parte del mismo. Por ello, ante cualquier avance hacia un proyecto de corte federal, se debe comenzar desde un proceso constituyente sobre la estructura territorial del Estado.
- Soberanía frente a subalternidad:
Igualmente, consideramos que la superación del marco autonómico de cesión por parte del Estado tiene que venir de un proceso político donde el pueblo leonés forme parte como sujeto activo en la concepción de ese federalismo plural. Que sea un actor proactivo y en igualdad de condiciones que el resto. No un mero sujeto de cesión competencial autonómica por parte del Estado, superando la vieja idea del regionalismo impuesta por el poder vertical centralista.
ALANTRE aspira al autogobierno del pueblo leonés, para que lleve a cabo libremente su desarrollo económico, social y cultural; sin injerencias externas de ninguna clase. Para ejercer dicho autogobierno, los leoneses debemos expresarnos como un sujeto activo, que reivindique la firme voluntad colectiva de gobernarnos en una obra abierta y participativa, fundamentada en elementos de autoconocimiento y valoración como pueblo, reflejando la sociedad multicultural de la que formamos parte en una democracia plural y solidaria.
3.2. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA FEDERAL
El federalismo pluralista que proponemos pone en primer plano los dos valores presentes en la etimología de su término como determinantes clave de su concepto: la política entendida como pacto y acuerdo entre iguales, y la democracia concebida como la construcción política de la confianza entre comunidades. Pero a la par, entendemos las diferentes sensibilidades y aspiraciones de las sociedades de los pueblos del Estado, por ello, creemos que la acomodación de las mismas se tiene que dar en procesos plurales y aspiraciones que tienen que estar abiertas al resto en un marco de solidaridad territorial.
El federalismo plural es una alternativa política al Estado nacional de cesión autonomista, un escenario pluralista y deliberativo, que aspira a la acomodación de varias naciones en el seno de un mismo Estado. Debe implicar ámbitos multilaterales y bilaterales, simétricos y asimétricos de negociación y deliberación, un sistema de partidos complejo (de ámbito estatal y no estatal) y unas identidades superpuestas y compatibles, y una serie de arreglos pactados de carácter diferencial y asimétrico. Debe reformular un concepto no nacionalista de nación o Estado, donde desde las soberanías de los pueblos planteen, si quieren, el cuerpo de soberanías compartidas.
La propuesta federal de Alantre debe estar basada en el pueblo leonés como sujeto político.
Algunos aspectos prácticos del federalismo plural que propugnamos:
- Garantizar un sistema político más inclusivo y representativo, es necesario promover una mayor diversidad de opciones políticas, fomentar la participación de todas las sensibilidades dentro de la izquierda y buscar la colaboración entre los movimientos territoriales para fortalecer la cohesión federal desde una base de respeto mutuo y reconocimiento de la diversidad cultural y territorial.
- Creación de órganos de cooperación y coordinación basados en los principios de democracia consociativa que aseguren la participación de las minorías en la formación de la voluntad política general.
- Un Senado que responda a la definición de Cámara territorial elegidos por los parlamentos federales (transitoriamente hasta tener nuestras instituciones en la actual Comunidad Autónoma dividida entre los leoneses y castellanos) de modo que ambos pueblos puedan participar en la elaboración y aprobación de las leyes que les afecten.
- El Tribunal Constitucional deberá formarse con arreglo a principios consociativos como órganos de representación plural y de acorde a la realidad territorial del Estado.
- Capacidad de autonomía financiera, con diferentes tributos, con diferentes poderes recaudadores y responsables de su gasto.
- Plantear la posibilidad de un referéndum o consulta sobre el encaje de determinados pueblos. Establecer una Ley de Claridad al estilo canadiense. En este sentido apoyamos el proyecto de regulación a escala europea que se está planteando. Lo primero que puede regular la Unión es el proceso de reconocimiento de estos procesos. Lo segundo, que estos procesos no son incompatibles con el derecho de la Unión. Debe reconocer estos procesos cuando cumplen con los valores y los principios de la Unión y aquí es donde proponemos la idea del marco de claridad.
- Reconocimiento explícito de las lenguas del Estado español a través de un estatus de oficialidad a nivel estatal y cooficial en sus territorios.
- La propuesta federal busca la integración, en una puesta de atención diferenciada, plural y especializada para cada territorio.
Por todo ello, animamos a los leoneses y a las leonesas a reflexionar sobre la posición que como ciudadanos tenemos dentro de este Estado y a reaccionar ante las consecuencias que la falta de autogobierno ha traído para nuestro País. Entendiendo el autogobierno no como un objetivo en sí mismo, sino un medio para;
1. Defender nuestro territorio de los ataques especulativos, visiones centralistas y extractivas propias de una mentalidad colonial.
2. Defender nuestros valores culturales, históricos y lingüísticos que sufren un desprecio casi total por parte de las instituciones. De ello deriva la tergiversación maniquea sobre la imagen que de su propio pasado construye la sociedad leonesa, y minusvalora la proyección de su imagen exterior
3. Recuperar espacios donde la autogestión comunal y comercio de proximidad sean la base del desarrollo social y económico.
4. Tener instituciones y políticas públicas cercanas a nuestra realidad, cuyo objetivo sea un desarrollo territorial que vertebre de forma efectiva y real a nuestro País.
5. Impulsar políticas públicas en materia de sanidad, educación y cuidados para reorganizar política y administrativamente el territorio en base a nuestro propio sistema consuetudinario de concejos y comarcas.
6. Desarrollar una sociedad de valores basada en los derechos humanos, memoria histórica, autoafirmación como colectivo en una sociedad multicultural.
7. Crear una sociedad sostenible, medioambientalmente orgullosa de sus espacios naturales y respetuosa con el entorno.
8. Y sobre todo tener capacidad de decisión sobre los problemas que padecemos y aquellos retos de futuro que tenemos que afrontar como pueblo, en igualdad de condiciones dentro de un Estado federal plural.